Polémico y doloroso. Es un tema que toca fibras sensibles y divide aguas: la eutanasia. En los últimos días, el debate volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública argentina, impulsado por la reciente decisión de Uruguay, que se convirtió en el primer país de América Latina en aprobar por ley esta práctica médica.

La medida reavivó discusiones en torno al derecho a decidir sobre el final de la vida. La pregunta inmediata fue: ¿en qué situación se encuentra la Argentina respecto de la eventual legalización de la eutanasia?

Según los especialistas consultados, si bien existen proyectos en el Congreso, el país todavía no ha logrado dar pasos concretos hacia una regulación. Hay dos posturas que expresan visiones profundamente diferentes sobre la eutanasia.

Por un lado, quienes trabajan en cuidados paliativos defienden la idea de acompañar el proceso de morir sin intervenir para provocar la muerte. Por otro, profesionales que apoyan la muerte asistida sostienen que ayudar a morir es un acto de compasión y de respeto por la autonomía de las personas.

Qué pasa hoy

Hoy, la eutanasia está prohibida en nuestro país, aunque por ley los pacientes -o sus familiares, en caso de enfermedad terminal- puedan negarse a seguir tratamientos, intervenciones e incluso soportes vitales, aunque esa decisión pudiera desencadenar la muerte.

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La Argentina fue pionera en la región con la Ley de Muerte Digna, sancionada en 2012, que permite rechazar tratamientos médicos que prolonguen artificialmente la vida o incrementen el sufrimiento ante enfermedades terminales. La Ley reconoce el derecho a la llamada “eutanasia pasiva”. Sin embargo, el país nunca avanzó en la regulación de la eutanasia activa; es decir, la asistencia médica legal para morir.

DEBATE. Uruguay es el primer país de Sudamérica en legalizar la eutanasia.

Según Mario Sebastiani, médico especialista en obstetricia del Hospital Italiano, la ley uruguaya representa un paso muy importante. El profesional considera que la vida es un derecho y no un deber, mucho menos una obligación. Cuando el pasaje de la vida a la muerte se acompaña de dolor y sufrimiento, la medicina no debería ignorar la petición del paciente de elegir cómo y cuándo darle un final a sus días, sostiene.

“Estoy feliz por los uruguayos porque ahora tienen una estrategia para ayudar a morir. La muerte digna es un derecho constitucional; sería absurdo pensar que alguien deba tener una muerte indigna”, remarca el doctor en Medicina, autor del libro “Si pudieras elegir de qué manera morir... ¿Qué harías?”.

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Sebastiani considera que en la Argentina, donde ayudar a morir está penado con prisión, los profesionales tienen las “manos atadas”.

“El que se está muriendo está en la mismísima miseria, porque tiene dolor, sufrimiento, indignidad, y nadie puede ayudarlo por la sencilla razón de que está penado por la ley”, asegura en diálogo telefónico con LA GACETA.

Reconoce que la Ley de Muerte Digna permite rechazar tratamientos, una herramienta importante que se aplica a través de las directivas anticipadas. Sin embargo, afirma que esa legislación es insuficiente: “si alguien no quiere hacerse una quimioterapia, una diálisis o un trasplante, puede negarse, y eso está bien. Pero no puede pedir ayuda para morir, aunque el sufrimiento sea insoportable. Eso no tiene sentido”.

Para el médico, negar la eutanasia implica incumplir con uno de los principios básicos de la medicina moderna. “Prevenir, curar, aliviar el sufrimiento y ayudar a morir. Esas son las funciones de la medicina. Tener una muerte indigna es una forma de mala praxis. No poder asistir a quien lo pide, con lucidez y autonomía, es una crueldad”, puntualiza.

“La vida es digna hasta el último suspiro”, asegura Alejandra Acosta, enfermera especialista en cuidados paliativos y jefa de la Unidad de Humanización del hospital Centro de Salud. Desde su experiencia, considera que el país cuenta con herramientas suficientes para acompañar con calidad y respeto el final de la vida, sin recurrir a la eutanasia.

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“En Argentina hay una ley de cuidados paliativos que asegura el acceso a estos servicios a todas las personas que transitan una enfermedad con riesgo de vida en estadío avanzado y que no responde a los tratamientos curativos”, explica.

Acosta destaca además el valor de las “directivas anticipadas”, un recurso que permite a cada paciente decidir cómo desea ser tratado en la última etapa de su vida. “Se trabaja interdisciplinariamente con el enfermo y su familia, y se respeta su autonomía, acompañando a elegir lo mejor para transitar la última etapa de la vida con calidad y seguridad en sus cuidados y, además, evitando el encarnizamiento terapéutico”, sostiene.

Su visión es contundente: “la muerte forma parte de la vida y es una etapa que todos viviremos en algún momento. La muerte asistida, bajo cualquier condición, es un asesinato. No somos dioses para decidir sobre la vida y la muerte de las personas. Que sea legal no significa que sea lo correcto”.

“La muerte es inevitable, enigmática, misteriosa y temible. Frente a ella, evaluamos el pasado, replanteamos el presente y confrontados de cara al futuro”, apunta Acosta. Sostiene que el morir también puede ser un tiempo de reflexión y trascendencia. “El proceso de morir nos prepara para trascender hacia lo Absoluto; merece ser afrontado, comprendido y aceptado sin improvisar. Por eso existen las directivas anticipadas”, concluye.

En otros países

Es el gran debate del siglo XXI. Desde que en 2002 Países Bajos (Holanda) legalizó la eutanasia, otros países siguieron ese camino, con singularidades y diferencias: Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá, España, Nueva Zelanda y ahora Uruguay. Por estos días también se discute en México “Ley Trasciende”, que busca despenalizar la eutanasia.

En Argentina hay cinco proyectos con estado parlamentario -cuatro en la Cámara de Diputados y uno en el Senado- que abordan la cuestión bajo distintas denominaciones: Ley de Buena Muerte, Buena muerte médicamente asistida o Régimen legal de asistencia para terminar con la propia vida.

El modelo uruguayo

La ley del país vecino habilita y regula la eutanasia bajo estrictas condiciones. La norma establece que el paciente debe solicitar el procedimiento en persona ante un médico, quien deberá informarle sobre los cuidados paliativos disponibles y evaluar si se cumplen los requisitos en un máximo de tres días.

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Se requiere, además, la coincidencia de un segundo profesional independiente -o de una Junta Médica si hubiera desacuerdo- en un plazo de cinco días. En una segunda entrevista, el solicitante puede expresar su última voluntad, siempre revocable, por escrito y ante testigos. El médico podrá cumplirla cuándo y dónde el paciente lo decida.

La norma uruguaya contempla este derecho para toda persona mayor de edad, psíquicamente apta, que padezca una enfermedad incurable e irreversible o sufrimientos insoportables que deterioren gravemente su calidad de vida. El procedimiento debe garantizar una muerte “indolora, apacible y respetuosa de la dignidad humana”.

Impulso inicial: el caso de Fernando Sureda, que sufría ELA

El impulso inicial para legalizar la eutanasia en Uruguay provino del caso de Fernando Sureda, figura de la Asociación Uruguaya de Fútbol, quien en 2019 solicitó poner fin al sufrimiento que le provocaba la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Desde que recibió el diagnóstico, en 2018, dio entrevistas y organizó encuentros con distintos legisladores para abrir un debate que hoy ya tiene respaldo legal. El final de Sureda fue en su casa junto a su familia, más tarde de lo que él hubiese elegido. Estuvo nueve meses en una cama casi que sin moverse. Había pedido no ser conectado a ninguna máquina ni para respirar ni para comer. Solo recibía sedación paliativa. Murió en 2020.